Pese al fracaso en Mendoza, Río Negro insiste con la mega minería y Chubut, arranca
En diciembre el gobierno provincial de Río Negro aprobó mediante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) la utilización de un pozo de agua de 2,5 millones de litros para que la minera Aquiline Argentina –que pertenece a la internacional Patagonia Gold– empiece las excavaciones para confirmar la presencia de oro y plata que esperan extraer del yacimiento ubicado en la frontera con Chubut conocido como proyecto Calcatreu.
Con el antecedente de la derogación de la ley anticianuro en Mendoza , y los rumores de una posible modificación a la ley en Chubut , la activación de las exploraciones en Calcatreu “es la punta del iceberg de una fila de empresas que están dando vueltas por la provincia”, señala un poblador de la zona.
Hace años que la zona está en emergencia hídrica. Los pobladores rurales que viven en los alrededores de Calcatreu dependen del agua subterránea y de los arroyos, no solo para vivir sino para los animales, que son su fuente de trabajo. Es que en esa zona, casi no llueve en todo el año.
El yacimiento de Calcatreu volvió a estar activo desde 2017 después de la negociación entre las empresas mineras. A fines de diciembre, las organizaciones agrupadas en la Unión de Asambleas Patagónicas, junto a comunidades mapuches de la zona, entregaron una carta a la gobernadora en reclamo por el avance del proyecto Calcatreu.
“Desde hace dos años estamos pidiendo información sobre el impacto ambiental de los proyectos en la provincia, pero ni el gobierno provincial ni el nacional nos dieron respuesta”, relata Huircan, desde la localidad de Ingeniero Jacobacci, en el sur de Río Negro.
En Mendoza, el investigador Marcelo Giraud, especialista en minería, comenta que no solamente las sustancias para separar el metal de la roca, como el cianuro y el ácido sulfúrico, son las que contaminan el agua, sino que “las sustancias químicas ligadas a la obtención de muestras y a la perforación del suelo son contaminantes”.
Además, el uso de combustibles, lubricantes y la maquinaria “afectan el ecosistema de la estepa, lo que implica un impacto sobre la flora, la fauna y el paisaje”.
En las comunidades de la zona, las familias trabajan con el ganado, en su mayoría con ovejas o cabras. “Muchos pobladores terminan cediendo las tierras por unos pesos”, señala Claudia Huircan. Los vecinos de la mina, en estos últimos dos años, tuvieron conflictos con la minera: “Entran a los campos sin consultar y rompen las tierras con las máquinas pesadas que utilizan”, relata.
“En una fase de exploración los riesgos están más en las sustancias que en los volúmenes de agua, pero es la base para la explotación posterior, donde sí se necesitan cantidades que van entre los 100 y 800 metros cúbicos de agua por día”, explica Giraud.
En la mina Alumbrera de Catamarca, la más grande del país, se llegaron a utilizar 1000 metros cúbicos, lo que equivale a un millón de litros de agua diarios. “Legalmente tiene que haber una evaluación de impacto ambiental antes de hacer cualquier exploración, y debe quedar a disposición de cualquier persona”, señala el especialista. “El problema es que cada provincia interpreta las leyes como quiere”, aclara.
En Chubut, también
El gobernador de Chubut busca una salida a la crisis económica que atraviesa la provincia. La actividad minera genera un histórico rechazo social.
A pesar de la reciente crisis que generó el tema en Mendoza y la marcha atrás que debió dar Rodolfo Suárez, el gobierno chubutense de Mariano Arcioni confirmó que intentará habilitar la minería en la provincia, en un intento desesperado por conseguir fondos para salir de la crisis económica.
Así lo afirmó el secretario general de Gobierno chubutense, Carlos Relly, en una declaración que ya generó rechazo de parte de los grupos ambientalistas que convocaron a movilizaciones en toda la provincia.
“La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” que anunciará próximamente Arcioni, declaró Relly. El funcionario confirmó así que enviarán a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley 5001, aprobada en 2003 tras el levantamiento popular “No a la mina” en Esquel.
Fuente: De Nuestra Redacción