Macri sigue acumulando causas en la Justicia
Avanza la causa por supuesto desvío de acero de obra pública en el gobierno de Macri. La sala cuarta del máximo tribunal penal del país no hizo lugar a la queja interpuesta por las defensas de los acusados, que pretendían que se declare la nulidad del inicio de la investigación.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una serie de planteos de nulidad y confirmó el avance de la causa en la cual se investiga a los responsables de la empresa Supercemento por el supuesto desvío al mercado negro de acero destinado a la obra pública nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.
La sala cuarta del máximo tribunal penal del país no hizo lugar a la queja interpuesta por las defensas de los acusados, que pretendían que se declare la nulidad del inicio de la investigación vinculado con una denuncia anónima y de todo lo actuado en consecuencia, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.
La queja había sido planteada luego de que la sala I de la Cámara Federal porteña confirmara las resoluciones del juez federal Daniel Rafecas con las que rechazó los planteos de nulidad formulados por las partes en el marco de investigación que tiene delegada el fiscal Ramiro González.
La maniobra investigada tiene que ver con la supuesta adquisición por parte de la empresa Supercemento de mayor cantidad de acero a la necesaria para llevar adelante la obra pública adjudicada, a un precio diferencial –por tratarse de obra pública-, y haber utilizado el excedente para pagar sobornos a funcionarios públicos que adjudicaron las obras y evadir el pago de IVA y ganancias, durante el gobierno de Macri.
“La decisión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva, ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, sostuvieron los jueces de Casación Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
“No se observa que la resolución impugnada produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior o que involucre el debate de una cuestión federal, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara”, remarcaron los magistrados.
“Tampoco se observa la arbitrariedad de sentencia alegada, por cuanto, en atención al carácter restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual la defensa no ha conseguido acreditar en autos”, sostuvieron.
La causa se inició en marzo de 2019 con una denuncia anónima y luego se sumó el testimonio de un extrabajador de la firma que señaló que se habían generado unos 300 millones de pesos a través de la venta de acero en el mercado negro.
La interventora de la AFI denunció a Macri, Arribas y Majdalani
Entre los hechos denunciados figura la contratación directa de dos empresas para remodelar un piso de la sede de la AFI por 10,6 millones de pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció hoy y pidió citar a declaración indagatoria al expresidente Mauricio Macri y a los ex responsables del organismo durante ese Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presuntas irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras.
La denuncia resultó sorteada en el juzgado federal 6 que, desde la semana pasada, está a cargo del juez Julián Ercolini tras la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral.
Caamaño denunció a Macri, Arribas, Majdalani y a los exfuncionarios del organismo Juan José Gallea y Javier Peire por supuesta administración fraudulenta, defraudación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
La denuncia alude a presuntas contrataciones irregulares que se habrían apartado “de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes”, según informó luego la AFI en un comunicado.
Uno de los hechos denunciados es la contratación directa entre agosto y octubre de 2016 de dos empresas para remodelar el quinto piso de la sede central de la Agencia, la oficina donde funciona su Dirección General, una obra por la que se pagaron 10.599.239 pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares, precisó el comunicado.
“Gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio”, se detalló.
Además, se denunció la contratación directa de una firma para la provisión e instalación de un mástil en noviembre de 2016, por 106.855,10 dólares.
También se denunció la presunta contratación directa de obras de pintura y reparaciones en otro edificio de la AFI en mayo de 2016 por 277.586 pesos.
La AFI pidió que se pida informes a las empresas que participaron de las obras cuestionadas: NH Construcciones, Emprendimientos Anchorena, Tecnel Electrónica y Mega Soluciones.
Fuente: Télam