El Gobierno le entregó a los fiscales un edificio de la ex-ESMA
Son 5000 metros cuadrados; las fiscalías quedarían separadas de los juzgados de Comodoro Py
El Gobierno le entregó a los fiscales un edificio de la ex-ESMA para que se instalen allí en el comienzo del nuevo sistema procesal que se aplicará a partir de 11 agosto en la justicia federal de la Capital.
Se trata de un especio de 5000 metros cuadrados, de tres plantas y con 20 despachos privados, lugar para 350 puestos de trabajo, un auditorio, un comedor, cocina y estacionamiento.
El edificio estaba junto a la Secretaría de Derechos Humanos, ahora bajada de categoría y de donde fueron despedidas 450 personas.
De este modo, parte de los fiscales federales tendrían un edificio propio, separado de Comodoro Py 2002, donde están actualmente.
Los fiscales apoyan el nuevo sistema procesal penal federal acusatorio, pero están reclamando con vigor, no visto en otras jurisdicciones, que les den recursos tecnológicos, edilicios y de personal.
De hecho el reclamo de los fiscales federales es de 10.000 metros cuadrados y ahora les dan la mitad.
La aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone que las causas las llevan los fiscales, que formalizan luego ante un juez de garantías una imputación, donde el acusado tiene chance de plantear su defensa. Y el juez, sin expediente de papel, debe decidir en esa audiencia pública sobre la prosecución del caso, la libertad o lo que corresponda.
Los fiscales reclamaron, como ocurrió en otras 12 provincias donde ya funciona el sistema acusatorio, un edificio para que puedan circular las víctimas separadas de los presos, con un área para guardar la evidencia, oficinas técnicas con recursos de laboratorio y otras prestaciones, en un lugar separado del que ocupan los jueces.
En Comodoro Py 2002 se deben reacondicionar las salas de audiencia, ya que todo el caso se hace virtual, despapelizado, y se guardan en servidores especiales las imágenes de todas las audiencias, lo que supone un reequipamiento tecnológico.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó: “Los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad”, en alusión al predio de la ex-ESMA.
Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, remarcó: “Asumimos el compromiso de darle a la Justicia las herramientas para que pueda meter presos a los delincuentes y estamos cumpliendo”.
Asimismo, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia realizará una propuesta sobre la reasignación de personal para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Buenos Aires.
Por eso, el ministerio le pidió a Cámara Federal y a la Cámara en lo Penal Económico información detallada sobre la dotación actual de los tribunales del fuero penal federal en la Ciudad.
El objetivo es avanzar con el diseño de propuestas de reasignación de recursos y personal, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 27.150.
Además, se propuso realizar un relevamiento institucional integral de los empleados y funcionarios de juzgados, tribunales y cámaras del fuero, así como una consulta anónima a los operadores jurídicos sobre su disposición frente al traspaso.
Una vez analizada la información, el Ministerio convocará a una mesa de trabajo con magistrados y representantes judiciales para diseñar una propuesta de implementación que permita una reasignación ordenada y efectiva del personal.
Más allá de este anuncio, ya existe una mesa de trabajo. Es una comisión tripartita de implementación integrada por la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura, donde Amerio es el representante del Poder Ejecutivo.
Las listas de personal, cargos y antigüedad las tienen las direcciones de recursos humanos de estos tres organismos, porque son los que liquidan sueldos.
La comisión tripartita funciona en el ámbito de la Comisión de Administración y Finanzas del Consejo, que preside el viceministro de Justicia.