Con el guiño de Stornelli y la Cámara Federal, la Corte espera que caiga denuncia por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

La causa en la que se investigan las supuestas irregularidades vinculadas a la administración de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) quedó herida de muerte: esta semana la Cámara Federal porteña determinó que el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) no puede intervenir en el expediente como querellantes. ¿Qué significa eso? que ya nadie la impulsaría porque el fiscal del caso, Carlos Stornelli, hace rato propuso que el caso se archive.

De confirmarse la decisión -que Sitraju prevé apelar ante la Cámara Federal de Casación penal sin mucha expectativa de éxito-, se concretaría una especie de jugada a varias bandas: se archivaría la causa a nivel judicial, pero impactaría también el intento de juicio político del oficialismo a los jueces del máximo tribunal donde el desmanejo de Obra Social de los judiciales es uno de los motivos.
Sitraju había sido aceptada como querellante por el juez federal Ariel Lijo quien entendió que cualquier desmanejo de la Obra Social del sector podría implicar un perjuicio para sus afiliados, entre ellos los que suscriben a ese sindicato. Era ese espacio sindical el que, en rigor, había denunciado las irregularidades y el que promovía una investigación, aún cuando la fiscalía proponía el archivo.
La intervención de la Cámara Federal porteña se dio a partir de una apelación del fiscal federal Carlos Stornelli quien, además de haberse pronunciado por el archivo de la causa, había postulado el sobreseimiento del juez de la Corte suprema de Justicia, Carlos Maqueda, que no estaba imputado.
“Vemos que el juzgado realizó una apreciación subjetiva para darle entidad a la proposición sindical pero carente de todo soporte objetivo, ya que aun forzando su interpretación no se refleja puntualmente de qué modo podría invocar un menoscabo de esas características”, sostuvieron los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
“Partiendo de esa plataforma fáctica, no se evidencia una afectación real, directa, especial y singular de un interés o derecho que justifique otorgarle al gremio ese rol, más allá de que él pudiese considerarse damnificado de un hecho que se encuentra sometido a la jurisdicción”, aseveraron en el fallo de seis páginas.
La presentación para ser tenidos por querellantes había sido presentada en julio por la secretaria general de Sitraju, Marieta Urueña Russo, y permitió que el expediente avanzara con propuestas de medidas de prueba aún cuando la fiscalía ya había promovido su archivo.
“Como autoridades recientemente electas y trabajadores del poder judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad”, sostuvo Ureña Russo cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py.
La presentación fue realizada en el marco de una causa en la que se investigan supuesto hechos delictivos que habrían tenido lugar en el marco de la contratación por parte de la OSPJN con “Empresa Emergencia Médica Integral SA” a partir del año 2008 y con la empresa “Farmadant SA”.
De acuerdo a la denuncia que motivó la investigación, la empresa Emergencia Médica Integral SA no cumpliría los requisitos mínimos de capacidad operativa para brindar los servicios, mientras que Farmadant SA fue señalada como una empresa “fantasma” cuyos servicios serían brindados por empleados dependientes de la Obra Social.
Tras conocerse el fallo de la Cámara Federal porteña, Sitraju emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión del tribunal de apelaciones adelantaron que intentarán revertirlo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
“Como ya es costumbre la Sala 1 de Bruglia, Bertuzzi y Llorens de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA, rechazó a nuestro Sindicato como querellante en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, el único impulso que tenía la acción penal porque el fiscal Stornelli ya pidió su archivo. Porque defendemos los derechos de los judiciales vamos a apelar la medida!”, sostuvieron.

(Con información de Télam)