La Justicia rechaza el pedido para suspender la entrega de acciones de YPF

La defensa tiene tres días más para presentarse ante una segunda instancia en la Corte de Apelaciones y evitar entrar en desacato

LA NACIONSofía Diamante

La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina al rechazar el pedido de suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios que demandaron al país. Ahora, el Estado argentino tiene un plazo de tres días más antes de entrar en desacato si no cumple con el fallo o consigue un acuerdo previo.

El país ya apeló esta decisión al tribunal superior de la Corte de Apelaciones, pero no hay certezas de que se expida antes de las próximas 72 horas.

La confirmación llegó de parte de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (primera instancia), 14 días después de que ordenara transferir las acciones de YPF.

En un escrito de cuatro páginas, la jueza dijo que “la República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida”.

“El Tribunal concedió la suspensión sin una fianza de sobreseimiento, con la condición de que la República solicitara una revisión acelerada en apelación y presentara una garantía mínima, lo que implicaba comprometer activos mínimos a los demandantes. La República no cumplió con ninguna de las dos condiciones”, dijo la magistrada.

“La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal (…) Ahora, la República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden de entrega, pero cualquier supuesto daño surge directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, agregó en un duro escrito.

En la Procuración del Tesoro, el organismo oficial encargado de diseñar las estrategias legales del país, dijeron que ya estaban trabajando en todos los escenarios posibles. “⁠Cabe destacar que la Argentina no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones”, aclararon.

Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF y obtuvieron a su favor un fallo de Preska, en 2023, que impuso el pago de una indemnización de US$16.100 millones más intereses.

También fue incluido como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001.

Aunque ese último juicio ya tiene sentencia firme y el Estado argentino debe pagar alrededor de US$100 millones, el proceso por la expropiación de YPF aún se encuentra en etapa de apelación.

Burford —que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y Eton Park solicitaron al tribunal que rechace la cautelar pedida por la Argentina. En caso de que se concediera, pidieron que quedara sujeta al pago de una fianza millonaria.

La suspensión actual de la orden se extendió hasta este jueves, pero mañana habrá antes una reunión entre los abogados de los fondos beneficiarios y la defensa. “La decisión de la Corte de Apelaciones sobre el pedido de la Argentina de suspensión del fallo de Preska tiene fecha incierta, pero el jueves es el plazo límite para entregar las acciones de YPF. De no hacerlo, puede haber pedido de desacato (no es seguro esto aún)”, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.

Repercusiones

Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante la gestión anterior, dijo que la decisión de Preska es “prematura e irrazonable”, y que se aparta de las normas sobre inmunidad soberana que rigen en Estados Unidos.

“Esto último ya lo expresó el gobierno estadounidense en el escrito que su Departamento de Justicia presentó en la causa en noviembre del año pasado, apoyando la postura de la defensa argentina y pidiéndole a Preska que no dictara esa orden”, comentó.

“En su escrito, el Departamento de Justicia le dijo a Preska que semejante orden infringiría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos, que no le permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en ese país, y también le advirtió que esa orden afectaría la soberanía argentina”, agregó.

El Estado argentino no puede transferir las acciones sin la previa autorización del Congreso, según el artículo 10 de la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF.

La defensa del Estado argentino había dicho que el pedido de los demandantes implica un ataque directo contra su soberanía y detalló tres argumentos centrales:

• Un caso sin precedentes. No se trata de una disputa comercial tradicional, sino de un juicio excepcional que involucra un fallo por US$16.100 millones, actualmente apelado, y que plantea cuestiones jurídicas complejas. Incluso —destacó la defensa— el propio gobierno de Estados Unidos expresó desacuerdos con la decisión del tribunal.
• Daño irreparable. Cumplir con la orden implicaría violar la legislación local, específicamente la ley de expropiación de YPF, que prohíbe vender acciones sin la aprobación del Congreso. De avanzar, la Argentina perdería de forma irreversible el control de la petrolera.
• Falta de perjuicio y defensa del interés público. Según el escrito, los demandantes no sufrirían daños si se suspende la medida, mientras que su ejecución inmediata podría perjudicar a terceros ajenos al juicio —como provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales en contra de YPF. Por eso, aseguran, lo mejor es mantener el statu quo.

Del otro lado, los demandantes acusaron al Estado argentino de haber dilatado el cumplimiento del fallo durante más de ocho años, y de haber conseguido dos años extra desde que se dictó la sentencia, sin una suspensión formal. “Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, cuestionaron en un escrito firmado por el abogado Paul D. Clement.

Mientras tanto, en paralelo, se espera en Estados Unidos la designación de los tres jueces que integrarán el Tribunal de la Corte de Apelaciones para tratar la reversión de la sentencia de primera instancia. Las tres partes involucradas en el caso —el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes— ya presentaron todos los escritos requeridos, y solo resta el nombramiento de los jueces y la fijación de la fecha de audiencia, prevista para los próximos meses.

En septiembre de 2023, el Estado argentino fue condenado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012.

Por Sofía Diamante

Fuente: La Nación