Las autopistas vuelven a ser del Estado
El Gobierno oficializó el pedido de nulidad de los contratos de concesión. El Decreto 633/2022, que lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue adelantado el miércoles por Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos”.
El Gobierno impulsará la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Norte y Oeste
El Gobierno oficializó este jueves el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos “lesivos al interés general”, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El Decreto 633/2022 fue adelantado el miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.
El mandatario lo expresó al hablar sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
El Presidente hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.
El decreto lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
El artículo 1 señala: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.
Además la norma instruye a Vialidad Nacional a ” interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°”.
Asimismo comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.
Así el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.
De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.
Además, el miércoles Fernández anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.
“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador”, afirmó el jefe de Estado.
“Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, completó.
En esta línea, reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas.
“Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino”, concluyó.
La cartera que conduce Katopodis se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.
“Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales”, consignó el ministro, y sostuvo que no hubo “ninguna justificación ni parámetro” para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias.
“En el transcurso de 2018, el Gobierno de Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como ‘de vicio’ y que determinan la nulidad absoluta”, reseñó tal como recuerda el decreto.
Aquellas normas tenian por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
Katopodis advirtió que Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida, y refirió que “se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”.
“En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario, pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, planteó el funcionario.
Katopodis señaló que no hubo “justificación” de la deuda a favor de concesionarias de autopistas
VER VIDEO
Y apuntó: “Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que luego volvieron a esas empresas”, que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”.
En 2018, las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. y GCO firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que “comprometían” al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi U$D 2.000.000.000, informó el Gobierno.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos.
Katopodis, sobre la nulidad de contratos: “Defendemos el patrimonio de los argentinos”
El ministro de Obras Públicas calificó como “una verdadera estafa” la administración de los peajes que hubo durante la gestión de Cambiemos y dijo que buscan declarar la “lesividad y nulidad” de los contratos de Ausol S.A.
Katopodis señaló que no hubo “justificación” de la deuda a favor de concesionarias de autopistas
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró este jueves que el Gobierno “hará todo lo que tenga que hacer para defender al Estado y al patrimonio de los argentinos”, y dijo se trataban de “una verdadera estafa” que deberá determinar la justicia los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste acordados por la gestión macrista, “absolutamente distorsivos y lesivos al interés general”.
En diálogo con Télam Radio, Katopodis afirmó que “hay elementos muy claros” que así lo demuestran, por lo cual será “la justicia la que determine” si, como se interpreta desde el Ejecutivo, se trata de “una verdadera estafa”.
En ese sentido, aseguró que desde el Gobierno nacional se encuentran “convencidos” de que hubo durante la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- “un aprovechamiento del Estado para hacer negocios, y que el sistema estaba preparado para que el Estado pierda plata y algunos se llenen los bolsillos”.
En ese marco, subrayó que desde el Ejecutivo harán “todo” lo que haya que hacer “para defender al Estado y al patrimonio de los argentinos”.
Al respecto, el ministro explicó que, a partir de la iniciativa oficial, “se abre un proceso judicial que en la Argentina sabemos que tiene sus tiempos”, y agregó: “Por supuesto que ya he instruido al área jurídica para impulsar esta causa”, aseguró.
En esa línea, precisó que se presentará en la Justicia para que se declare la “lesividad y nulidad” de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha “a medida de las empresas”.
Además, argumentó que, “en algunas estaciones de peaje, se debería estar pagando $1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores”.
De esta forma, las normas en cuestión tenían por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
Finalmente, Katopodis advirtió que Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida, y señaló que “se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”.
El Decreto 633/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece que se trata de “contratos absolutamente distorsivos”, en referencia a los firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
Boletín Oficial
La decisión de avanzar en este sentido fue anunciada el pasado miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.
De esta manera, el primer artículo del decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial indica: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.
El Gobierno impulsará la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Norte y Oeste
También, se instruye a Vialidad Nacional para “interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1” y se comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.
Así, la decisión implica el inicio de una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.
Fuente: Télam